El CONICET firmó un Convenio de Asistencia Técnica con el Comité para la Prevención de la Tortura de Salta

El equipo de investigación se encuentra liderado por la Dra. Mariana Godoy, del Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades (ICSOH - CONICET- UNSa) e integrado por las becarias doctorales Lic. María Noelia Mansilla, Lic. Sofía Ríos y la CPA Ing. Marta Suárez. Godoy dirige, y las becarias mencionadas integran el Proyecto de Investigación CIUNSa “Justicias, burocracias estatales y nociones de derecho en la provincia de Salta en escenarios de transformación donde se abordan, especialmente desde enfoques y herramientas de la antropología jurídica, distintas experiencias institucionales con pretensiones de innovación como la mediación de conflictos, la justicia restaurativa en el campo penal juvenil, la gestión de conflictos ambientales o ligados a la problemática indígena y propuestas educativas en el contexto carcelario.

La contraparte es el Comité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Salta (CPT Salta), presidido por Rodrigo Solá. Dicho Comité fue creado por la Ley N° 8024 como organismo autónomo y descentralizado, iniciando su labor en febrero de 2022. La misión principal es llevar adelante la evaluación y seguimiento de la aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos en relación a personas privadas de libertad, otorgándosele la función principal de examinar periódicamente los lugares de detención con miras a fortalecer la prevención de hechos de tortura y malos tratos, así como a detectar y denunciar su existencia.

En ese sentido, el Convenio provee la producción de un informe técnico de situación sobre el acceso a la educación de personas privadas de libertad alojadas en institutos penales para adultos que se encuentran bajo la jurisdicción del Servicio Penitenciario de la Provincia. Mediante el mismo se busca profundizar en dimensiones tales como la demanda educativa, el contenido curricular, los programas educativos y su financiamiento, la educación no formal y las experiencias de los internos detenidos en el nivel primario, secundario y universitario.

Mariana Godoy quien dirige el equipo de trabajo, en relación a los aportes que brindará la labor que se articuló comentó: “Conocer estos aspectos permitirá CPT Salta hacer recomendaciones a organismos decisores en materia educativa y penitenciaria, entendiendo a la educación como un elemento fundamental no sólo para disminuir las carencias y reponer derechos de personas privadas de libertad sino para favorecer un clima de convivencia social en las unidades carcelarias y contribuir a la re-socialización de quienes luego recuperan su libertad, disminuyendo las tasas de reincidencia en materia de delitos”.

La investigadora agregó: “Además,  al mismo tiempo que este trabajo contribuye con el Comité en cuanto al logro de su misión y objetivos, el equipo CONICET verá enriquecida su propia formación y aproximación a la problemática a través del conocimiento que han acumulado los miembros del Comité en estos años a partir de sus tareas propias de monitoreo y producción de informes técnicos sobre la situación carcelaria y de las personas alojadas en distintas unidades de detención, facilitando a su vez el acceso a los espacios institucionales a los investigadores.

Por su parte, María Noelia Mansilla becaria doctoral del CONICET cuyo plan de trabajo se orienta a la investigación de experiencias de educación superior para personas detenidas, demandas de acceso a derechos y activismos en cárceles, se refirió a como surge el convenio: “La solicitud se encuadra en las observaciones y recomendaciones que el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, viene realizado sobre las dificultades para el acceso a la educación formal y no formal de la población penitenciaria desde el año 2021”.
“El contexto de la pandemia por Covid-19 y las medidas de ASPO y DISPO en Argentina evidenciaron aún más la falta de acceso a dispositivos electrónicos, conexión a internet y hasta de espacios áulicos dentro de los edificios penitenciarios y la necesidad urgente de intervenciones y mejoras en este ámbito. Y es así que, nos sigue relatando, en 2022 dicho Comité declaró la emergencia en materia educativa, instando a los Comités provinciales a realizar sondeos locales para la obtención de datos más específicos y detallados a nivel nacional sobre esta situación”, explicó la becaria

La Dra. Godoy también señaló que el diálogo con Rodrigo Solá y los miembros del Comité para concretar el convenio fue muy producente debido a que ya existía una serie de experiencias de encuentro y colaboración previas en el ámbito de la universidad en espacios de investigación y docencia. Además, Solá, posee una trayectoria como defensor de los DDHH en Salta bajo distintas funciones públicas y en ámbitos internacionales, conoce la lógica académica pues es profesor de la sede Orán de la UNSa y es director de la Maestría y Especialidad en DDHH de la Facultad de Humanidades de la misma universidad.

En cuanto a las colaboraciones a futuro, Godoy indicó: “Desde ambas instituciones implicadas en el convenio de asistencia técnica, se busca alentar una experiencia virtuosa de colaboración entre el CONICET y organismos públicos especializados en materia de administración de conflictos, justicia y defensa de derechos a partir de demandas concretas”.
En cuanto a objetivos a corto plazo, quien lidera el equipo agregó: “Con herramientas de la antropología jurídica y disciplinas afines de las Ciencias Sociales, en diálogo con el derecho, se aspira desde el CONICET Salta Jujuy a contribuir a una mayor problematización y conocimiento de los contextos socio-culturales en los que se imprimen determinadas políticas de la gestión del delito y el conflicto, construir mapas del conflicto, producir datos rigurosos sobre poblaciones, tramas de sociabilidad o experiencias novedosas de administración de justicia”, finalizó Mariana Godoy.